La iniciativa de Reforma Financiera nace de los compromisos 62 y 63 del Pacto por México. El compromiso 62 señala que: “Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y creación de patentes…”; mientras que, el compromiso 63 dice: “Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato. Incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales…”.
La propuesta presentada consta de 14 iniciativas para reformar 800 artículos de 38 leyes, incluyendo entre otras la Ley del Mercado de Valores, la Ley del Banco de México, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
La reforma se da en un momento de gran solidez para la banca mexicana; ya que además de que no tuvimos quiebras de instituciones financieras durante la crisis de 2008-2009, el sector ha logrado cumplir con los requisitos de Basilea III desde el comienzo de este 2013. En otras palabras, el Índice de Capitalización Promedio de la Banca Comercial alcanzó 16.5% en febrero pasado, el cual es muy superior al 10.5% requerido. Esto ha permitido que el sistema financiero mexicano pueda presumir de ser el primero en el mundo en lograr la implementación de dichos requerimientos.
Sin embargo, la penetración crediticia en México es de las más bajas de Latinoamérica y evidentemente de la OCDE. En este contexto, cabe recordar que el crédito total como porcentaje del PIB es de alrededor de 15% en México; mientras que, en Perú es 20%; en Colombia es superior a 40%; en Brasil es casi 50%, y en Chile es superior a 70%. Por lo tanto, a pesar de que la alta regulación de la banca mexicana ha propiciado una buena salud en nuestro sistema financiero, sus beneficios han llegado solo a una parte pequeña de la población.
No hay que olvidar que solo 15% de los préstamos de la banca al sector privado es otorgado a las PyMES, las cuales se encargan de generar 70% de los empleos formales en el país. Esto, sin lugar a dudas, representa un factor muy negativo, ya que todas las grandes empresas empezaron siendo PyMES algún día. La falta de un ecosistema que permita el desarrollo exitoso de nuestras PyMES nos condena a tener una menor movilidad empresarial y, por ende, reduce la innovación y la competencia y redunda en precios altos y monopolios.
C.P.C. Armando Nuricumbo Ramírez
Vicepresidente del Sector Empresas del IMCP
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